
La caída en Diputados complicó a Bausili la renovación del crédito de Basilea por USD 2.500 millones
La caída de la sesión en Diputados activó una alarma en el Banco Central. Santiago Bausili tiene por delante el vencimiento de un préstamo de 2.500 millones de dólares con el Banco de Pagos In...
La caída de la sesión en Diputados activó una alarma en el Banco Central. Santiago Bausili tiene por delante el vencimiento de un préstamo de 2.500 millones de dólares con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y la reforma de la Carta Orgánica que podía facilitar su renovación quedó empantanada en el Congreso.
El fracaso de la sesión dejó al Gobierno sin una reforma estratégica para la administración del Banco Central. El oficialismo reunió apenas 126 diputados, tres menos de los necesarios para alcanzar el quórum. La iniciativa había regresado desde el Senado con modificaciones y necesitaba una nueva votación de Diputados para completar su trámite legislativo.
Para Bausili, el inconveniente es que la política tiene tiempos distintos de los financieros. La pregunta que en algún momento deberá responder es qué activos está dispuesto a comprometer para conseguir los próximos 2.500 millones de dólares y qué ocurrirá si la reforma legal continúa trabada.
El problema tiene una derivación sensible: el oro argentino. El proyecto de ley incorpora una modificación del artículo 33 que habilita al Banco Central a utilizar sus reservas, incluidos los lingotes, como garantía para obtener financiamiento externo. Una facultad que no aparece en la legislación vigente y que permitiría ampliar las alternativas para negociar con Basilea.
La urgencia de Bausili tiene una explicación que se remonta a la corrida cambiaria de octubre de 2025, cuando Scott Bessent intervino para sostener al gobierno de Javier Milei antes de las elecciones. Aquella asistencia extraordinaria del Tesoro estadounidense, presentada como un respaldo de 20.000 millones de dólares, terminó convirtiéndose en una deuda con el BIS.
La intervención de Washington se realizó a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, que compró pesos argentinos por unos 2.500 millones de dólares. Fue una operación inusual por su magnitud y por el involucramiento directo del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino.
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Pero la ayuda tenía una condición que quedó opacada por el impacto político del anuncio: su carácter transitorio. Bessent no estaba dispuesto a mantener indefinidamente la exposición a la moneda argentina. De hecho, la posición fue desarmada antes de que terminara diciembre. El funcionario de Donald Trump recuperó los dólares y celebró públicamente que Estados Unidos había obtenido ganancias de decenas de millones con la operación. El rescate electoral también había sido un negocio financiero para Washington.
Para cancelar esa asistencia, el Banco Central necesitaba dólares que no le sobraban. Fue entonces cuando apareció el BIS, la institución con sede en Basilea que funciona como banco central de los bancos centrales. La operación permitió reemplazar un acreedor por otro. Los dólares utilizados para cancelar la exposición estadounidense fueron compensados con nuevo endeudamiento externo. El alivio político de la salida de Bessent dejó una obligación financiera que ahora vuelve a presionar sobre las reservas.
La maniobra quedó reflejada en los estados contables del Banco Central al cierre de 2025. En la nota 4.14, correspondiente a las obligaciones con organismos internacionales, aparece registrada una facilidad crediticia con el BIS por el equivalente a 2.500 millones de dólares de capital, más intereses. El documento precisa que, mediante la Resolución 197/25 del directorio, el Banco Central renovó su convenio de facilidad crediticia con el BIS por un plazo de doce meses. Al 31 de diciembre de 2025, el capital adeudado ascendía a 2.500 millones de dólares y los intereses devengados a 2,9 millones.
El registro contable confirma la existencia de la deuda, su monto y el plazo del convenio. Sin embargo, no identifica las garantías comprometidas. Ese es uno de los puntos que el Central mantiene bajo estricta confidencialidad.
La cuestión cobra relevancia ante la necesidad de renovar la facilidad hacia fin de año. Si el BIS exige garantías adicionales, Bausili deberá resolver cómo obtenerlas sin comprometer todavía más la disponibilidad de reservas.
En ese contexto aparece una modificación de la Carta Orgánica que pasó prácticamente inadvertida en el debate parlamentario. El artículo 33 vigente permite al Banco Central utilizar sus activos "como garantía en operaciones propias de banca central". Eso significa que podría entregar oro como colateral para conseguir dólares. La caída de la sesión dejó esa herramienta sin aprobación legislativa. Y el calendario financiero no se detiene por la falta de quórum.
La posibilidad de utilizar los lingotes como garantía vuelve a poner bajo la lupa una operación que el Banco Central nunca terminó de explicar: el traslado de parte de las reservas de oro al exterior. La controversia no es solamente dónde están físicamente esos activos, sino bajo qué condiciones se encuentran depositados, quién tiene su custodia y si están comprometidos en operaciones financieras.
Fuentes familiarizadas con el funcionamiento de estas facilidades señalan que el BIS suele trabajar con garantías de elevada calidad, entre ellas oro y títulos del Tesoro estadounidense. Por eso, consideran probable que parte del metal argentino pueda estar afectado. Es una hipótesis que cobra fuerza por la coincidencia entre el traslado del oro, las necesidades de financiamiento del Banco Central y la modificación legal que ahora busca el Gobierno. Pero no existe documentación pública que permita confirmar que los lingotes fueron efectivamente entregados como garantía del préstamo de 2.500 millones.
La diferencia es importante. Una cosa es mantener oro depositado en una institución extranjera y otra es utilizarlo como garantía de un crédito. En el segundo caso, el activo queda sujeto a las condiciones contractuales de la operación, que pueden limitar su disponibilidad mientras subsista la deuda.
La modificación del artículo 33 también plantea una discusión jurídica sobre los límites de las atribuciones del Banco Central. El artículo 75 de la Constitución Nacional atribuye al Congreso facultades en materia de endeudamiento público. La controversia consiste en determinar hasta dónde llegan esas atribuciones cuando quien toma financiamiento es una entidad autárquica como el Banco Central y la operación se realiza en el marco de sus funciones monetarias.
La Carta Orgánica vigente contempla, en su artículo 17, inciso d), la posibilidad de tomar préstamos de organismos multilaterales u oficiales extranjeros, bancos centrales y determinadas entidades financieras internacionales. Por lo tanto, no puede afirmarse que Bausili carezca de toda facultad para endeudarse sin una autorización legislativa específica. Sin embargo, el nuevo dictamen introduce dos cambios que resultan especialmente relevantes para el caso del BIS.
Por un lado, incorpora expresamente a los bancos internacionales entre las entidades de las que el Central puede obtener préstamos. Por otro, el artículo 33 habilita el uso de activos externos como garantía de operaciones propias de banca central. El interrogante es si esa modificación busca solamente actualizar las atribuciones del Banco Central o también despejar cuestionamientos sobre operaciones que ya fueron realizadas.
En particular, la Resolución 197/25 adquiere una importancia central. El directorio aprobó mediante ese instrumento la renovación del convenio con el BIS. Pero los estados contables no detallan qué garantías se ofrecieron ni las condiciones completas del contrato. La reforma podría otorgar mayor seguridad jurídica para una nueva operación, aunque su aprobación no implicaría automáticamente la convalidación retroactiva de garantías que eventualmente se hubieran constituido bajo el régimen anterior.