10-05-2024
La exintendente fue condenada como autora penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración publica a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Además, quedó inhabilitada de por vida para el ejercicio de las funciones públicas.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Bosch, Juan Manuel Iglesias y Noemí Berros, resolvió por unanimidad, condenar a Aída Ayala como autora penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para el ejercicio de las funciones públicas y multa de 90 mil pesos que deberá ser efectiva en términos de 30 días de quedar firme la sentencia.
Además, el TOF mencionó que Ayala deberá, por el mismo tiempo de la condena, fijar residencia que no podrá modificar sin el previo conocimiento y autorización. También deberá ealizar trabajos comunitarios no remunerados por el término de dos años.
Aída Ayala se desmayó luego de escuchar su condena.
Jacinto Sampayo: fue condenado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activo a la pena de 3 años y 6 meses de prisión y multas de dos veces el monto de la operación. Además, decomisar los bienes que han sido instruídos productos y proovecho del lavado de activo, con accesorias legales y costas.
Daniel Fischer: condenado por ser partícipe necesario penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de lavado de activos 6 años y 6 meses de prisión.
Carlos Huidobro: condenado por ser partícipe necesario penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de lavado de activos en calidad de coautor 5 años y 6 meses de prisión.
Pedro Alberto Martínez: condenado por ser partícipe necesario penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de lavado de activos en carácter de co autor a la pena de 5 años y 6 meses.
Eulalio Bouza: partícipe necesario condenado a 4 años de prisión y multa de dos veces el costo de la operación.
Rolando Javier Acuña: participe secundario condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional y multa de una vez el costo de la operación. También le impusieron reglas de conductas similares a las de Aída Ayala.
Luis Guillermo Escobar: partícipe secundario condenado a 3 años de prision de ejecución concidional y multa una vez el costo de la operacion.
Fueron absueltos : Natalia Soledad Martinez Guarino, Fátima Jessica Rigassio, Mónica Centurión, Patricia Vázquez, Diego Alberto Martínez Guarino, Enrique Baumwollspinner, Elsa Graciela Martínez, Cristian Adrián Zapata y Víctor Hugo Quiróz.
LA MOVILIZACIÓN AFUERA DEL TOF ANTES DE LA LECUTRA DEL VEREDICTO
Previo a la lectura de la sentencia, un grupo de jubilados municipales se congregaron afuera del TOF para manifestar su apoyo a la exintendente y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.
Algunos minutos pasadas las 12 del mediodía, la actual diputada provincial, Maida With (hija de Aída Ayala) arribó al TOF acompañada de amigas y familiares.
LA PALABRA DE AÍDA AYALA PREVIO AL VEREDICTO
La exintendente de la ciudad de Resistencia, Aída Ayala, habló con la prensa minutos antes de conocer la sentencia. "Después de siete años y estos 8 meses de debate, estoy con todas las expectativas, que Dios ilumine a los jueces, que gane la justicia y que gane la verdad. Hay que vencer a la corporación", dijo.
LAS FRASES MÁS CONTUNDENTES DE AÍDA AYALA
-"Estoy tranquila porque la verdad siempre triunfa, siempre hay más opciones para continuar".
-"¿Por qué fuí juzgada? Porque en el 2017 destruyeron mi carrera política para sacarme de la cancha.
-"Nosotros llamamos a licitación para alquiler de camiones, hicimos el contrato y ese mismo contrato continuó en la época de Capitanich y de Gustavo Martínez. Resulta que ese mismo contrato que estuvo en vigencia hasta ahora, cuando estuve yo era ilegal y resulta que Capitanich lo abandonó".
-"Capitanich en un momento determinado era intendente, presidente de PIMP y además estaba en la Justicia".
-"En caso de ser absuelta, mi día a día seguirá como hasta ahora. Yo paseo por las calles, camino, hago compras, voy a la carnicería, hago vida de familia y atiendo a los dirigentes".
EL PUNTO INICIAL
La causa se inició en enero de 2018 luego de una llamada telefónica anónima a la Policía Federal, en la que un hombre denunció ser empleado municipal y estar cansado del "maltrato y aprietes" de Jacinto Sampayo y su hijo Facundo. Según la denuncia, los Sampayo pedían dinero al personal y sus familias bajo amenazas. La llamada también mencionaba el manejo de "mucha plata" y la supuesta participación en la empresa encargada de la recolección de residuos en Resistencia.
Estas acusaciones llevaron a una investigación en el fuero federal de la Justicia, que dos meses después formuló un requerimiento de instrucción contra los imputados por presuntas maniobras de lavado de activos, corrupción, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, entre otros delitos relacionados.
En poco tiempo, se estableció una red de relaciones entre personas no mencionadas en la llamada original, lo que llevó al nombre de la ex intendente de Resistencia, Aída Ayala, entre otros imputados.
La acusación fiscal sostiene que Aída Ayala y Jacinto Sampayo lideraban una organización destinada a apoderarse ilegítimamente de fondos municipales a través de personas de su confianza. Se les acusa de manipular procesos de licitación para beneficiar a un grupo empresario conformado para ese fin, con integrantes que actuaban bajo su dirección.
Según la fiscalía, Pedro Alberto Martínez habría prestado su nombre a Carlos Huidobro, sobrino de Sampayo, para aportar camiones a PIMP SA, empresa en la que Alfredo Bouza también fue señalado como socio. La fiscalía también menciona la empresa "Recifis", creada por Daniel Alejandro Fischer, ex novio de la hija de Ayala, para obtener un contrato de recolección de residuos. Se señala que los procesados formaron una organización para obtener beneficios económicos a través de licitaciones municipales, valiéndose de sociedades para ocultar la identidad de los verdaderos dueños, lo que constituiría delitos de lavado de activos.
El Ministerio Público Fiscal afirmó que la organización fue sumando personas que aportaban medios y nombres para construir un entramado societario destinado a ocultar a los verdaderos dueños y blanquear fondos ilícitos.
